Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción

“La corrupción no es un fenómeno esporádico, sino estructural del sistema”

Asistí hace unos días a un curso sobre prensa local y comarcal organizado por el Colegio de Periodistas de Catalunya y dirigido por la periodista Mª Eugenia Ibáñez. El pasado jueves 28 de enero, la conferencia versó sobre la corrupción urbanística. El ponente, Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, entre otros muchos cargos que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria profesional, pintó un mapa lúgubre de la corrupción en España: “No es un fenómeno esporádico, sino estructural del sistema”. Afirmó que otro foco de corrupción proviene “de la financiación interna de los partidos”. Por todo ello, reclamó “un cambio de modelo de Estado”.

Según Mª Eugenia Ibáñez, que presentó al ponente e introdujo la conferencia, en España hay 730 causas abiertas por corrupción -264 de socialistas, 200 del PP y el resto de otros partidos-. Villarejo añadió que antes del caso Palau de la Música, y en los últimos tres años, se han detenido a 19 alcaldes -7 del PP y 5 del PSOE-. “Existe una crisis de valores democráticos”, insistió varias veces. Y no es que nadie haya avisado de la situación. Diversos organismos –la UE, entre ellos- habían advertido de que en España se tenían que tomar medidas. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo que combate el blanqueo de capitales, señaló que en España existen 45.800 empresas promotoras, de las cuales sólo 4600 tienen más de 3 trabajadores. De aquí se deduce que la mayoría están “relacionadas con el blanqueo de capitales”.

Según el artículo 47 de la Constitución, “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Hoy día, sólo participa de entre “un 15 y un 20%”, es decir “de una mínima parte de la plusvalía”, apunta el exfiscal (foto: El País). Quienes se benefician son los propietarios del suelo, los gestores de los ayuntamientos, las promotoras y las constructoras; “el ayuntamiento o el municipio es un mero espectador”, señala. La acción urbanística es, por lo tanto, una fuente de ingresos para particulares y partidos y “el verdadero poder público está en los ayuntamientos”. “No es un fenómeno aislado sino generalizado”, insiste.

En España hay más de 8.000 municipios. Villarejo ejemplifica que el Tribunal de Cuentas –ente que vela por el control de estos asuntos- revisa ahora las cuentas de 2006. También subraya que “hay una crisis de moralidad pública, de ética pública”, si no –añade- no se entiende que Zapatero afirmara en la reunión del G20 que se erradicarían los paraísos fiscales, y que hasta la fecha no se haya tomado “ninguna” medida. El exfiscal ofrece otro dato revelador de la economía española, aunque no directamente relacionado con la corrupción. En octubre pasado se reunió la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y concluyó que el fraude fiscal en España alcanza los 72.000 millones de euros, cifra que abarca entre un 20 y un 25% del PIB español, aunque hay fuentes que arrojan cifras de más de 200 mil millones.

Jiménez Villarejo reclama “un cambio de modelo de Estado”. Hay que modificar la ley del suelo y la ley de Régimen Local, lo cual no es difícil. “O no la han reformado o no la quieren reformar y yo creo que es más lo segundo que lo primero”, sostiene. Por si la situación descrita no dibujara un paisaje lo bastante nefasto, hay que destacar la ineficacia de los mecanismos de control. Para Villarejo la lucha contra la corrupción no pasa por condenas ejemplarizantes sino por una justicia ágil, ya que hoy día –apunta- “la justicia no está preparada para la investigación de este tipo de delitos”. El jurista esgrime que hace falta “asesoramiento técnico” debido a la complejidad de los circuitos financieros. “La preparación judicial no es la óptima”, asegura, y aunque hay jueces y fiscales preparados “son una minoría”. No hay que olvidar tampoco que la investigación de estas causas se alarga mucho -entre uno y dos años- a causa de la burocracia y la complejidad del delito. Denuncia en este punto que el PP ha propuesto reducir el plazo de investigación para los fiscales a dos meses, cosa que equivaldría a “destruir una de las vías más óptimas para la investigación de la corrupción”. Por último, reivindica también “coraje” porque en estas causas te enfrentas al verdadero poder y las presiones existen. Pone el ejemplo de las amenazas que soportó la juez francesa Eva Joly al instruir el sumario del caso Elf y que relató en el libro ¿Queremos vivir realmente en un mundo así?

Controlar las cuentas de los ayuntamientos no es fácil. Como ya se ha mencionado, hay miles de municipios en España y los circuitos financieros son muy complejos. El Tribunal de Cuentas -la Sindicatura de Comptes en Catalunya- y los interventores deberían ocuparse de esta vigilancia más que la justicia, los fiscales y el fiscal anticorrupción. Villarejo también señala que es “vergonzoso” que una entidad de crédito condone la deuda –“no sólo intereses sino parte del capital”- a un partido político o que un ayuntamiento se convierta en especulador al comprar un terreno para fines sociales y al cabo de un tiempo lo revenda multiplicado por 10 para autofinanciarse. Asimismo solicita que se desarrolle un régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales. No puede ser –se lamenta- que un alcalde o concejal haya dirigido una empresa con intereses en el municipio que va a gobernar y que tras salir de la alcaldía vuelva a administrarla. También reclama una declaración de bienes antes y después de su paso por el consistorio.

El jurista concluye que “las operaciones urbanísticas no pueden ser un concierto entre gestores y particulares” y que hay que modificar la ley para asegurar que una mayor cantidad económica revierta en el municipio, tal y como dice la Constitución.